MOCIÓN GRUPO POPULAR DE JIJONA - DEDICAR EL NOMBRE "VÍCTIMAS DEL TERRORISMO A UNA CALLE/PLAZA O AVENIDA".
 APROBADA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS (PLENO CELEBRADO EL DÍA 24 DE JULIO ´08)
D. Jose Juan Raymundo Rebollo, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jijona, en nombre y representación del mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
P R O P O S I C I Ó N / M O C I Ó N
En estos días se han cumplido cuarenta años desde que la banda terrorista ETA revindicara su primera acción mortal con el asesinato del Guardia Civil José Ángel Pardines Arcay. En estas cuatro décadas la banda asesina ha cometido múltiples atentados que han costado la vida a cerca de 900 personas de toda procedencia: policías, guardias civiles, militares, docentes, concejales, periodistas, empresarios, sindicalistas y un largo etcétera. A pesar del sufrimiento de la sociedad, hoy en día queda pendiente un reconocimiento claro y explícito a todos estos ciudadanos que dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia.
Sin embargo, hoy sigue patente una de las manifestaciones de mayor indignidad para las víctimas de ETA, como es ver el nombre de sus verdugos en calles y plazas del País Vasco y Navarra, teniendo que recurrir a sentencias judiciales para conseguir la retirada de placas de esas calles y plazas de los municipios de Euskadi.
Muchas asociaciones cívicas reclaman que sean retirados esos nombres que manchan la dignidad de las víctimas, apoyando, además, que en los más de 8000 municipios españoles se realicen actos públicos de reconocimiento a las mismas. Víctimas que son de todas las ideologías, de todos los lugares de España, de toda condición social, profesional, económica o cultural, sin distinción de sexo ni de edad, víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental de libertad por la imposición totalitaria de un único pensamiento.
La libertad y la dignidad humana son valores que han de estar presentes en la acción política y defendidos con firme determinación por los representantes del pueblo elegidos democráticamente.
La acción de la justicia, la persecución policial, el impulso de la ley y del Estado de Derecho, así como la unidad de los demócratas, no son suficientes para derrotar al terrorismo si no van acompañados del reconocimiento a las víctimas por defender la libertad, por no silenciarse ante las amenazas sufridas, por defender España y su marco de convivencia, convirtiéndose en un referente ético. Es por ello que la sociedad española debe memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas del terrorismo: ETA, GRAPO, TERRA LLIURE, 11M y la Yihad radical islámica.
Es el calor que necesitan las víctimas, sus familias y personas más queridas, y por eso el gobierno más cercano a ellos, el de los Ayuntamientos y Diputaciones, es quien tiene que demostrarlo de una forma indeleble, mediante la adhesión a esta moción de todos los partidos democráticos y fuerzas políticas integrantes de nuestra Corporación.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Dedicar el nombre de Víctimas del Terrorismo a una Calle / Avenida / Plaza de la ciudad, como reconocimiento institucional del valor humano en su máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en nombre de todos.
SEGUNDO.- Que en el acto de colocación de dicha placa se celebre, con participación de la sociedad civil, un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades.
En Jijona a 19 de junio de 2008.
EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Fdo.: Jose Juan Raymundo Rebollo
lunes, 15 de septiembre de 2008 a las 23:00
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MOCIÓN GRUPO POPULAR DE JIJONA (LEY DE DEPENDENCIA)
 D. Jose Juan Raymundo Rebollo, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jijona, en nombre y representación del mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
MOCION
Al haber transcurrido un año desde la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, su desarrollo y aplicación han permitido constatar que es necesario realizar una revisión urgente de muchas de los contenidos de la Ley, especialmente para conseguir la plena aplicación de la acción protectora del Sistema.
En primer lugar, se están produciendo situaciones de desigualdad en función del territorio donde residan las personas dependientes que pueden acogerse a la norma, tanto respecto del contenido y calidad de las prestaciones así como a las condiciones de acceso a los servicios.
El procedimiento establecido en la Ley para alcanzar el reconocimiento del derecho, desde la presentación de solicitudes hasta que el usuario recibe la prestación correspondiente, se ha demostrado largo y técnicamente complicado: solicitud, valoración, reconocimiento de dependencia, resolución de grado y nivel, cálculo de capacidad económica, determinación de aportación del usuario, elaboración del plan individualizado de atención, consulta y elección del ciudadano, reconocimiento de prestación, alta en la seguridad social, recepción de la ayuda, etc.
Junto a este evidente lastre, que dificulta la mejor y más eficaz de las aplicaciones, además los hechos y las justas reivindicaciones de las asociaciones y colectivos afectados demuestran que es necesaria la revisión del procedimiento de valoración para tener en consideración las características de algunas discapacidades y colectivos, especialmente las de enfermedad mental, a fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia y promoción de la autonomía personal.
El sistema informático, instrumento fundamental para el pago de la prestación o de los servicios reconocidos y garante de la transparencia informativa del sistema, no está dando la respuesta que exigen las necesidades actuales.
El modelo de financiación sobre el que se ha basado la Ley es insostenible en el tiempo y no asegura la viabilidad del sistema. El actual sistema de financiación que se ha utilizado ha sido arbitrario y discrecional. Así, se han firmado convenios con determinadas Comunidades Autónomas, discriminando a otras, siguiendo criterios totalmente subjetivos, que perjudican tanto a la Comunidad Valenciana como al Ayuntamiento de Jijona .
Por otro lado, a fecha de hoy, la Comunidad Valenciana todavía sigue sin tener una propuesta clara de financiación del Gobierno de la Nación para este año, sin que exista un borrador de convenio para establecer la financiación del sistema. Prorrogar esta incertidumbre en el tiempo, perjudica directamente al ciudadano ya que impide una eficaz gestión y planificación de los recursos.
Además, no podemos olvidar que según el Libro Blanco de la dependencia, el coste de la Ley para 2014 supera los 7.000 millones de euros en la Comunidad Valenciana.
Ante esta situación, y con el fin de que los usuarios reciban el derecho que le corresponde por Ley, el Estado no debe cambiar únicamente el sistema de financiación de la Ley de la Dependencia sino que el nuevo sistema de financiación autonómica debe ajustarse a las necesidades surgidas en cada Comunidad Autonómica en la aplicación de la Ley.
Por último, resulta imprescindible establecer mecanismos de coordinación con nuestro Sistema Nacional de Salud, la Seguridad Social y la Administración Tributaria del Estado por estar implicados en el proceso.
En su virtud, solicito la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Gobierno de la Nación formalice un Pacto de Estado que asegure la sostenibilidad económica del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de forma que se asegure la acción protectora en condiciones de igualdad para todo el territorio nacional.
SEGUNDO.- Que el Gobierno de la Nación adelante, de forma urgente a este año 2008, la revisión prevista en la propia Ley para 2009, y que en dicha revisión se contemplen los siguientes puntos:
1. La aportación del Estado tiene que ser la suma de lo que en la actualidad se entiende como nivel mínimo más el nivel acordado , de forma que a partir de este momento sólo exista un único nivel del Estado. Este nivel debe ser el derecho básico que le corresponde al usuario.
2. La Generalitat completará la diferencia entre este nuevo nivel básico y el coste real de los servicios que se prestan y complementará, asimismo, y de conformidad a sus disponibilidades presupuestarias, un porcentaje en la mejora de las prestaciones referidas a las personas con discapacidad, que actualmente en nuestra Comunidad es del 15%.
3. Mientras se sustancia el Pacto de Estado, las necesidades financieras adicionales de las Comunidades Autónomas deben de ser acordadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotarlas de fondos suficientes para el desarrollo de la Ley.
4. Con el fin de que las personas dependientes y sus familias puedan beneficiarse de las prestaciones y servicios contemplados en la Ley, con la mayor celeridad posible, deberá simplificarse el sistema de gestión.
TERCERO.- Que el Gobierno de la Nación apruebe en el Consejo Territorial, por consenso de todas las Comunidades Autónomas y del Estado, los 2 decretos pendientes de elaborar, el de acreditación de centros y el de copago.
En Jijona a 3 de julio de 2008.
EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Fdo.: Jose Juan Raymundo Rebollo
lunes, 15 de septiembre de 2008 a las 22:58
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EL PSOE DE JIJONA MIRA HACIA OTRO LADO (RECHAZO MOCIÓN LEY DEPENDENCIA PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR DE JIJONA)
 ARGUMENTARIO QUE UTILIZÓ EL GRUPO POPULAR DE JIJONA: APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DENEGADA POR EL PSOE DE JIJONA.
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, conocida como Ley de la Dependencia, entra en vigor el 1 de enero de 2007 sin que se concluyeran las condiciones, normas, procedimiento ni requisitos necesarios para materializar los derechos de atención que propugna para miles de españoles.
En la Comunidad Valenciana alrededor de 20.000, según el libro blanco, personas podían estar en situación de recibir las ayudas de la dependencia durante el primer año de su vigencia al ser considerados grandes dependientes (grado III, nivel 2 y 1). Pero la aprobación de la Ley y la venta de algunos de sus aspectos por parte del Gobierno de Zapatero, levantaron grandes expectativas entre el colectivo de las personas con discapacidad y de sus familiares, provocando un aluvión de solicitudes no sólo de aquellas personas grandes dependientes que iban a ser atendidas en primer lugar, sino de cualquiera que necesitara una ayuda para hacer frente a los gastos de su situación.
Así, se ha producido una saturación de solicitudes en todos los registros de entrada de las consejerias de asuntos sociales en toda España, no sólo en la Conselleria de Bienestar Social de la Ganeralitat.
Estas solicitudes se encuentran con una compleja tramitación administrativa que en la Comunidad Valenciana se compone de hasta 32 pasos. Pasos en los que interviene desde el médico de cabecera hasta la Conselleria pasando por los servicios sociales de los ayuntamientos. Este galimatías que ha creado el Gobierno Central no ha sido previsto ni resuelto por la Ley de la Dependencia.
Ha pasado más de un año desde la entrada en vigor de la Ley y todavía existen reglamentos normativos que no han sido desarrollado por el Gobierno Central. Es decir, hay normativa que el Gobierno de Zapatero todavía no ha legislado, dejando en manos de las CC.AA. su resolución.
La Conselleria de Bienestar Social sí que ha tenido en cuenta algunas cuestiones que podrían ser complicadas a la hora de llevar a término la aplicación de la Ley y ha puesto medidas resolutivas:
- ha aprobado las normas que regulan el procedimiento valenciano de la dependencia a través de dos Decretos del Consell y dos órdenes de la Conselleria de Bienestar Social.
- El Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, sobre creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana
- El Decreto 171/2007, de 28 de septiembre. En este texto se recoge la composición, organización y funciones de los órganos de valoración de la situación de dependencia, así como el procedimiento administrativo para el reconocimiento y el derecho a los servicios o prestaciones.
- El día 10 de diciembre de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Generalitat las dos Ordenes de desarrollo con las que se cierra el desarrollo normativo del modelo valenciano de atención a la dependencia. La Orden de la Conselleria de Bienestar Social que regula los servicios y prestaciones económicas del Sistema Valenciano de Atención y la Orden que regula el procedimiento para el establecimiento de los Programas Individuales de Atención (PIA)
- ha financiado los equipos municipales para la dependencia con 5.060.000 millones de euros (2007 y 2008 hasta junio) a través de la FVMP. Para el segundo semestre de 2008, se aportarán otros 3 millones de euros.
- hay 415 personas trabajando para aplicar correctamente la dependencia: 220 en los ayuntamientos, 78 en Avapsa y 117 en la Conselleria de Bienestar Social.
- hay 45 valoradores de la dependencia.
La Ley de la Dependencia se está aplicando en la Comunitat Valenciana y la mejor prueba de ello es que:
- se destinan 350 millones de euros de los presupuestos de La Generalitat para atender a personas con algún grado de dependencia.
- mientras la Generalitat pone 100 euros, el Estado tan sólo pone 5 euros, para atender a nuestros dependientes.
- hay 224.000 personas atendidas en el Modelo Valenciano de la Dependencia: en las residencias de tercera edad, en los centros de discapacitados, en los de enfermos mentales crónicos, y en el resto de los recursos sociales.
- 16.988 grandes dependientes reciben alguna ayuda económica de la Generalitat. Y la recibían antes de la Ley de la dependencia.
- desde que entra en vigor la Ley de la dependencia se han abierto 70 nuevos centros con capacidad para 3.969 nuevos usuarios (mayores, discapacitadas y enfermos mentales).
La Ley se cumple en la Comunitat Valenciana aún cuando otras Comunidades Autónomas han recibido mayor financiación del Estado para llevarla a cabo. En Galicia y Andalucía el Estado financia el 75% de los gastos, en Cataluña el 50%; mientras que en la Comunitat Valenciana tan sólo ha financiado el 40% en el convenio de 2007.
Y la Ley se cumple con las mismas dificultades que en otras zonas de España, pero con menos dinero porque el Estado pone más dineros en unas Comunidades que en otras. Y los resultados son similares a otras Comunidades Autónomas que van valorando con muchas dificultades.
Baleares sólo ha valorado el 5% de las solicitudes recibidas; Castilla y León, La Rioja y Asturias un 34%; Galicia un 27%. Pero es que en Andalucía, que se muestra como modelo de efectividad y es una Comunidad del PSOE, tan sólo cobran ayudas un 3% de las personas que presentaron solicitud de valoración.
Por eso, siete Comunidades Autónomas (la Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Navarra, Madrid, Castilla y León y Canarias) han reclamado un Pacto de Estado que garantice la suficiente y sostenible financiación de la dependencia en todo el territorio español. Con la denominada Declaración de León se ha suscrito un acuerdo que plantea al Estado la necesidad de agilizar el procedimiento"de financiación para las Comunidades Autónomas y que se cumplan las previsiones de la Ley en cuanto a cuantías y plazos para que el Estado asegure la acción protectora en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.
En la Comunitat Valenciana no se está llevando a cabo una actitud obstruccionista a la Ley de la Dependencia (acuerdo núm. 1) porque del total de las solicitudes de reconocimiento del grado de dependencia recibidas desde abril de 2007, se han valorado el 54% y el 25% se encuentran en trámite de ser informadas por los servicios municipales. Se están haciendo cosas, se está trabajando y se está llevando a cabo la Ley de la Dependencia por parte de la Conselleria.
Pero hay cosas que no se pueden hacer porque falta que el Estado de algunos pasos importantes. Hay algunas cosas que propone la Moción que en este momento no se pueden llevar a término por la Conselleria:
- la agilización del procedimiento de valoración (acuerdo núm. 2) requiere que se subsanen las deficiencias técnicas que tiene la aplicación informática del Ministerio en el que quedan reflejados todos los pasos de cada persona. Esta herramienta es compleja, deficitaria y no permite ser manejada simultáneamente por los distintos profesionales que intervienen en el procedimiento (médico, valoradores, trabajadores sociales, comisión de valoración).
- mientras el Estado no desarrolle normativamente (acuerdo núm. 4) la acreditación de los centros y regule las condiciones de las aportaciones económicas que tienen que realizar loa usuarios (copago) no se podrán impulsar iniciativas de colaboración con los Ayuntamientos como el Plan Municipal que se propone (acuerdo núm. 8) porque la regulación de la dependencia no estará concluida en estos dos aspectos tan fundamentales.
- mientras el Estado no financie suficientemente los gastos reales de la dependencia no se podrán incrementar los recursos destinados a la gestión (acuerdo núm. 5 y 7). En la Conselleria y en los Ayuntamientos están trabajando 415 personas para que se lleve a término la Ley de la Dependencia y se tiene una red de recursos (residencias, centros de día, viviendas tuteladas, ayuda a domicilio, etc.) que atiende a 224.000 personas.
Por otro lado la cuestión del sentido negativo del silencio administrativo para aquellas personas que vean transcurrir el plazo de resolución (acuerdo núm. 3) es una cuestión formal de seguridad jurídica que necesitó la aprobación de Les Corts Valencianes. Se trata de un asunto que propone el Consell, pero que necesita ser aprobado por el legislativo. Así se hizo, y ahora se encuentra sujeto a recurso ante el Tribunal Constitucional (instado por parte del Defensor del Pueblo). Hay que esperar a que este tribunal se pronuncie en un sentido u otro, antes de modificar nada.
La aplicación de la Ley de la dependencia no es una cuestión de boicot, ni de incompetencia, ni de luchas partidistas, es una cuestión de personas, de familias, de bienestar y de justicia. Es una cuestión que se soluciona con dinero y lo cierto es que el Estado central va escatimando y regateando a la Comunitat Valenciana, cosa que no hace con otros territorios estratégicos de España.
Jose Juan Raymundo (Portavoz Adjunto Grupo Popular de Jijona)
lunes, 15 de septiembre de 2008 a las 22:55
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LA SENYERA CATALANA, EN NUESTRAS FIESTAS. ¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO ESCUDO?
 El Grupo Popular quiere manifestar su total repulsa y pone el grito en el cielo por lo acontecido en las pasadas fiestas. Si bien es cierto que los ciudadanos y festeros nos debemos de felicitar por el éxito de las pasadas celebraciones patronales de moros y cristianos. No nos pronunciamos en su día por no empañar dichos días de alegría y hermandad. Pero pediremos una explicación detallada del porque se ha permitido que las banderas que decoran nuestra Av de la Constitución en el reverso de la misma estuviera la Señera de Cataluña.
No entendemos como se omitió la Bandera de España o la de la Comunitat Valenciana. Los representantes políticos de la localidad no debemos de permitir un asalto de este calibre. Jijona es un municipio que pertenece a la Comunitat Valenciana y tenemos nuestra propias señas de identidad y dentro de esa identidad somos Españoles. Esta muy bien decorar nuestras calles, pero un poco de dignidad en nuestra cultura no pinta nada la identidad Catalana ni sus señas.
Al Grupo Popular le parece vergonzoso y un insulto a la dignidad de los Jijonencos. Pediremos explicaciones en el próximo pleno y quien ha sido el responsable de consentirlo. Confiamos que la máxima autoridad el Sr.Verdu se pronuncie al respecto y nos aclare el porque se ha permitido el cambio de nuestra identidad con símbolos que no nos pertenecen. ¿Hay algunos que parece ser reconocen Jijona como municipio de Cataluña?, pedimos seriedad en los actos festivos y que nunca mas se vean empañados por atracos de este tipo. "vergonzoso"...
El Grupo Popular no quiere entrar en la polémica y por supuesto en acusaciones cruzadas de quien fue el que adquirió dichas banderitas. Es evidente y no lo temíamos, que la única defensa que utilizarían como argumento sería de nuevo poner en la diana a nuestra formación.Sres. la bandera de Jijona esta formada por la cuatribarra y el escudo en el centro, muy correcto. Pero cuando la misma se modifica y se elimina el escudo deja de serlo, siendo a todas la Senyera Catalana. No nos vale ninguna otra explicación.
Ha habido un error de una gravedad considerable, pues es un insulto y una falta de principios hacia todos los Jijonencos sin lugar a dudas. Parece ser que en estos tiempos todo vale y entra en la normalidad situaciones de este tipo, dándole una importancia bajo mínimos la mayoría de los representantes, estamos hablando que hemos eliminado el escudo de nuestra bandera, cada uno que piense lo que quiera, pero no se puede permitir.
Los representantes de los ciudadanos también estamos para defender sus iconos de identidad y evitar situaciones de este tipo. Se debe de respetar y no intentar realizar un ajuste de imagen de nuestros símbolos "nada mas y nada menos que hablamos de nuestra bandera". No es cuestión de pedir responsabilidades, ni de acusarnos los unos a los otros (como niños en edad escolar), pero las cosas se deben de hacer bien y esto lo tenemos que evitar. Si tenemos que eliminar dichas banderas se tiran a la basura y se hacen de nuevo. ¡Nunca mas!.
El Grupo Popular tiene muy claro que para algunos las banderas tienen poca importancia, por poner otro ejemplo nuestra Casa Consistorial continua sin la colocación de las mismas, formando parte nuestro municipio de los mas de 66 en toda la Comunitat sin obstentar los símbolos en los Ayuntamientos. Es bien cierto que el Sr. Verdu nos dijo hace un año que debido a las obras no lo veía oportuno. Bien pues en estos momentos la fachada ya esta en condiciones y ya es hora que nuestros ciudadanos puedan ver ondear sus símbolos y todo aquel que nos visite. En fin somos una localidad en donde ciertas formaciones políticas manifiestan muchas contrariedades hacia nuestros símbolos locales y nacionales, cuando tendría que ser un orgullo mostrarlos y es ante la Ley una obligación.
Dejemos de confundir a nuestros ciudadanos y empecemos por respetar nuestra banderas y nuestras señas de identidad, sera el principio para ser creíbles ante nuestros ciudadanos, que son los que nos eligen como pueblo soberano para que defendamos su identidad.
La Senyera "NO PINTA NADA EN NUESTRA LOCALIDAD"...
Jose Juan Raymundo (Portavoz Adjunto Grupo Popular de Jijona)
lunes, 15 de septiembre de 2008 a las 22:51
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MOCIÓN GRUPO POPULAR DE JIJONA FINANCIACIÓN LOCAL
 MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR DE JIJONA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO LA REFORMA URGENTE DE LA FINANCIACION LOCAL Y QUE NO DISMINUYAN LOS INGRESOS LOCALES POR LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO EN LOS PGE 2009
D/ Jose Juan Raymundo Rebollo , Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jijona, en nombre y representación del mismo eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
M O C I Ó N
Vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica
El actual momento de crisis económica está poniendo de manifiesto una vez más los desequilibrios en el modelo de financiación local que puede afectar muy gravemente a la forma y calidad de prestación de servicios a los vecinos por parte de los Ayuntamientos. La situación financiera de muchos municipios es difícil y se ha agravado sustancialmente en los últimos meses.
La caída generalizada de la economía española tiene una especial incidencia en las arcas municipales donde, por ejemplo, los ingresos locales vinculados a la actividad urbanística están disminuyendo y ya han dejado de situarse en el 20% del total de ingresos de los municipios. A esto hay que añadir la dificultad de acceso al crédito, que es mayor que otras Administraciones, así como el difícil cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria a pesar de los planes de austeridad que muchos municipios están aprobando ya.
Si a ello se añade el problema estructural de la financiación local que se lleva arrastrando en España en los últimos 30 años, debido, entre otras causas, a los servicios que prestan los Ayuntamientos sin ser de su competencia, por ser la Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda. Por ello, se hace obligatorio poner en marcha de manera inmediata reformas institucionales y en el ámbito de la financiación que permitan empezar a dar solución a este problema. El Gobierno tiene que reconocer en este sentido, la importante labor y esfuerzo económico que en materia de dependencia están desarrollando los municipios en la actualidad.
Es por ello, que la negociación y ejecución de un nuevo modelo de financiación local tiene que ser inminente y simultáneo a la reforma autonómica. Asimismo, debe establecer las bases del Pacto Local para el traspaso de competencias y financiación desde las Comunidades Autónomas a los Entes Locales.
Ya el pasado 27 de mayo, el Comité Ejecutivo de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó una resolución en la que se reiteraba la necesidad de abordar la reforma de la financiación local de forma global y en su conjunto, manifestando asimismo que dicha negociación debía realizarse de forma simultánea y vinculada a la financiación autonómica. Todo ello en el marco de los compromisos expresados por el Gobierno.
Preocupación por las previsiones presupuestarias para 2009 en cuanto a la participación de los Entes Locales en los Ingresos del Estado, que ha avanzado el Ministerio de Economía y Hacienda.
El incremento de la tasa de paro registrado que incide mayoritariamente en el sector de la construcción, la escasa evolución del empleo, el recorte en las previsiones de crecimiento del PIB (producto interno bruto), se juntan con unas previsiones de crecimiento para 2009 de solo un 1%.
En este contexto, las cifras avanzadas por el Ministerio de Economía y Hacienda para la Participación de los Entes Locales en Ingresos del Estado de 2009 son muy preocupantes y ponen a las arcas locales al borde del abismo (ya que los ingresos fiscales se están viendo sensiblemente reducidos por la crisis inmobiliaria, al igual que la venta de suelo municipal, y el recurso al endeudamiento es mucho más inaccesible que para el Estado o las CCAA).
Si se materializa esta previsión, las EELL van a perder financiación en términos reales en casi 700 M ¬ (unos 690 M) por la práctica congelación de las entregas a cuenta en 2009, dado que el IPC (índice de precios de consumo) puede situarse probablemente en un 4%.
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de España un Acuerdo simultáneo y vinculado con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para la reforma urgente de la financiación local paralela a la de financiación autonómica y para establecer las bases del Pacto Local, de forma que los Entes Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas normas claras y precisas que se adecuen a sus necesidades reales de financiación, les doten de mayor capacidad normativa y solucionen el déficit arrastrado por la prestación de servicios impropios.
Igualmente se insta al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde definitivamente la delimitación precisa de las competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación la creación urgente de un Consejo Local de Política Financiera, que se reunirá trimestralmente con la Administración General del Estado y en el que participarán la Federación Española de Municipios y Provincias, los seis mayores municipios de España y una representación de municipios medianos y pequeños para tratar los temas de interés bilateral: actualización del catastro, transferencias estatales, gestión de los convenios y cooperación administrativa.
TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación un incremento en la Participación en Ingresos del Estado por parte de los Entes Locales para el Ejercicio 2009.
CUARTO.- Solicitar al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, la celebración de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que puedan los Entes Locales garantizar a los ciudadanos los servicios que necesitan en condiciones de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso político e institucional que corresponde a los Entes Locales como administración más cercana.
En Jijona, a 9 de septiembre de 2008.
EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
D. JOSE JUAN RAYMUNDO REBOLLO
lunes, 15 de septiembre de 2008 a las 22:45
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