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Caso Guadamía

Caso Guadamía

El comercio 27-02-2010
El último informe sobre Guadamía ya está en manos del fiscal

Francisco Vázquez también confirmó que el jueves se remitió al Fiscal de Medio Ambiente y a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) el informe técnico municipal en el que se recogen con amplio dossier fotográfico las últimas actuaciones presuntamente ilegales ejecutadas por una empresa particular en el entorno de Guadamía.
El concejal reconocía a su vez que es muy complicado adoptar medidas cautelares para evitar mas desmanes en la zona como piden los vecinos. «El juez podría instar a la Guardia Civil para que extreme la vigilancia en la zona y el Ayuntamiento podría hacer lo mismo con la Policía Local, pero ni unos ni otros podemos mantener a una pareja en ese lugar las veinticuatro horas del día», aseguró el que también es primer teniente alcalde riosellano. Vázquez confía en que todo se aclare en el juicio cuya vista inicial estaba prevista para el martes de la semana que viene. Algunas fuentes apuntaban ayer a que podría sufrir un segundo retraso y quedar postergado en el tiempo, y más teniendo en cuenta que las últimas actuaciones de la empresa deberían incluirse en el sumario.
En esa primera actuación judicial se tomará declaración al único imputado en el caso Guadamía, José Fernando Zato Gómez de Liaño, administrador único de la empresa autora de un presunto delito contra la Ordenación del Territorio, tal y como reza en la denuncia del fiscal. También declarará el arquitecto municipal de Ribadesella como autor del informe técnico que propició la apertura de estas diligencias judiciales.

sábado, 27 de febrero de 2010 a las 13:45

 

Juicio por el caso "Guadamía"

Juicio por el caso

El juicio por los cierres de la playa de Guadamía dará comienzo el 2 de marzo
El Ayuntamiento de Ribadesella recuerda que «el 90% de las obras ejecutadas en la zona carecen de licencia municipal»
La instrucción del juicio relacionado con el 'Caso Guadamía' ya tiene fecha de inicio. Después de un primer aplazamiento, será el martes 2 de marzo en el Juzgado de Cangas de Onís. Ese día se celebrará la vista previa en la que la juez tomará declaración a cada una de las partes implicadas. Por un lado, a la única persona que ha sido imputada por la Fiscalía, el administrador único de la sociedad Pomaradas Guadamía, como autor de un presunto delito contra la Ordenación del Territorio. Por otro, el arquitecto del Ayuntamiento de Ribadesella, como autor del informe técnico municipal que propició el inicio de las diligencias de investigación que desembocaron en la denuncia correspondiente ante el mencionado tribunal. «Éste acudirá como perito de la causa», dijo ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Vázquez. No obstante, el arquitecto también deberá justificar por qué la Administración local concedió licencia a la empresa mencionada para la construcción de ochenta metros de muro en una franja que limita con el vial público de acceso a la zona. Un hecho que el concejal califica de «error». «El Ayuntamiento pudo haber incurrido en un error porque ese muro nunca debió construirse, pero el noventa por ciento de las obras ejecutadas en la zona carecen de licencia», recordó Vázquez.
El fiscal asegura en su denuncia que la práctica totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por le empresa Pomaradas Guadamía en el entorno natural de la playa y río homónimos no son legalizables. Es decir, si el proceso judicial que se iniciará en menos de un mes confirma esa teoría, la empresa deberá demoler los cientos de metros de muros de piedra y vallas metálicas instaladas, y el Ayuntamiento de Ribadesella velará porque se cumpla esa orden de derribo. «Estamos a la espera porque mientras no se culmine ese proceso no podemos hacer nada, ni tan siquiera continuar con el expediente sancionador abierto contra el promotor», añadió Francisco Vázquez.
Por otro lado, el concejal dijo desconocer los detalles de la investigación iniciada por la Demarcación de Costas sobre la posible existencia de servidumbre de paso a la playa en una de las fincas propiedad de la empresa. Los vecinos de Cuerres creen contar con derechos históricos para el libre tránsito por una senda que se viene utilizando desde tiempos inmemoriales. Francisco Vázquez también sabe de su existencia, «pero por mucho que los vecinos digan que el camino es público, las escrituras de la parcela dicen lo contrario. Ojalá tengan razón, pero mientras no se aclare y se aporten pruebas sobre la naturaleza del camino el Ayuntamiento no pude actuar», añadió el concejal riosellano.
Mientras se desvela esta disyuntiva los vecinos pueden utilizar una finca colindante como camino de acceso a la playa. Una parcela que el ayuntamiento espera adquirir, bien para abrir un nuevo acceso o para crear una zona de descanso y esparcimiento público. «De momento no hemos hecho nada porque estamos a la espera de que se resuelva todo el conflicto, ya que no tendría mucho sentido crear un nuevo acceso a cincuenta metros de otro. Pero si al final no se puede recuperar el viejo sendero, siempre nos quedará esta segunda alternativa», explicó el concejal. Los vecinos temen que con este acceso pueda ocurrir lo mismo que con el del pedral de Arra, «que llegue otro verano y sigamos sin camino». Sobre este último, nadie aporta nuevas noticias. Las últimas informaciones llegadas al Ayuntamiento de Ribadesella apuntan a que aún continúan los estudios geológicos sobre la ladera del acantilado.

sábado, 20 de febrero de 2010 a las 11:50

 

medidas cautelares en el caso "Guadamia"

medidas cautelares en el caso

Cuerres pide medidas cautelares para restablecer el paso en Guadamía
La Asociación de Vecinos acudirá al Defensor del Pueblo para que se abra el antiguo camino de acceso a la playa

El juicio contra Pomaradas Guadamía por un delito contra la Ordenación del Territorio comienza en el mes de marzo
Los vecinos tienen una escritura de propiedad con fecha de 1931 donde se dice que la finca era 'sitio de ocle' con acceso para sacarlo

La Asociación de Vecinos de Cuerres pedirá la adopción de medidas cautelares para que se restablezca la servidumbre de paso a la playa de Guadamía mientras se desarrolla el proceso judicial que pretende esclarecer la situación de los muros de piedra y vallados construidos en torno a ese arenal. Los vecinos temen quedarse varios años sin acceso si el juicio se alarga en el tiempo. Por ese motivo, teniendo en cuenta que el colectivo no ha sido citado como parte en el proceso penal, pedirán la mediación del Defensor del Pueblo. «Queremos que presione y haga lo posible para que de forma cautelar se proceda a la apertura inmediata del antiguo camino para que pueda ser utilizado durante el próximo verano mientras se resuelve el caso en los tribunales», dijo su presidente, José Domingo Fernández Blanco. Es más, ante una posible demora o prolongación excesiva de la causa judicial, los vecinos estarían de acuerdo con que el Defensor del Pueblo traslade su petición al Fiscal General de Estado.
La vista por el 'Caso Guadamía' comenzará el martes 2 de marzo en el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís. Para ese día han sido citados a declarar el único imputado en la causa, el administrador de la empresa Pomaradas Guadamía S.L., como autor de un presunto delito contra la Ordenación del Territorio; y el arquitecto del Ayuntamiento de Ribadesella, como autor del informe técnico que propició la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado. El presidente de la asociación vecinal desconocía este hecho y lamentó la falta de comunicación al respecto: «No somos parte personada en la causa, pero sí parte implicada con la que deberían tener alguna deferencia informativa», se quejó.
No obstante, Fernández se manifestó «contento y esperanzado» con el inicio de una investigación por parte de la Demarcación de Costas en Asturias ante la posible existencia de servidumbre de acceso al mar en una de las fincas cerradas con vallas y muros de piedra. El portavoz vecinal desveló que la asociación tiene en su poder una escritura de propiedad, con fecha de registro 7 de abril de 1931, donde se especifica la naturaleza de la finca en cuestión. Una finca catalogada entonces como 'sitio de ocle'. «Evidentemente estamos hablando de un lugar donde se extraía el ocle hacia tierra para proceder a su manipulación, una circunstancia que degeneró en una servidumbre de paso continuo», afirmó. El titular de ese asentamiento registral era Antonio Rodríguez Inés, quien tras su fallecimiento pasó a manos de su hermana. Posteriormente pasaría a convertirse en dominio en el año 1952.
Además, Domingo Fernández Blanco recordó que la Ley del Suelo establece que la servidumbre de acceso al mar «queda impuesta por la costumbre de bajar a la playa por un camino, camino que en este caso fue utilizado durante más de 20 años». Además también espera apoyar sus argumentos con el uso de documentos fotográficos antiguos que se acompañarán de tomas aéreas de la zona en las que se pueda definir la localización de las históricas instantáneas. A su vez, con independencia de las medidas cautelares que puedan aprobarse durante el juicio, la asociación de vecinos también le pedirá a la Demarcación de Costas que recupere la servidumbre de paso «interrumpida con la construcción de esos cierres ilegales», cierres que en algunos casos llegan a la misma línea litoral.
La denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado de Asturias imputa a José Fernando Zato Gómez de Liaño, como representante y administrador de la sociedad Pomaradas Guadamía S.L., un delito contra la Ordenación del Territorio por llevar a cabo, sin licencia, diversas construcciones en el entorno de la playa de Guadamía, una playa natural de alto valor paisajístico. En concreto, en la denuncia se hace alusión a la construcción de centenares de metros de muros de piedra, una senda peatonal empedrada, un peldañeado, la apertura de varios caminos y un gran movimiento de tierras en suelo no urbanizable de Costas o en zona de servidumbre de protección costera.

sábado, 20 de febrero de 2010 a las 11:49

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